El procurador General, Jorge Miquelarena, defendió la tarea de los fiscales en cada proceso intervenido al sostener que «actúan cuando corresponde, no están apegados a cronogramas electorales». El concepto fue vertido en respuesta a las declaraciones del candidato a diputado nacional por Unidos Podemos, Juan Pablo Luque, quien deslizó que los últimos allanamientos realizados en Comodoro Rivadavia -en el marco de la causa Emergencia Climática II- están vinculados a una campaña electoral de «desprestigio» y «distracción».
El jefe de fiscales de Chubut declaró que «siempre que hay campañas electorales surgen estas cuestiones. Está pasando a nivel nacional: sucede ahora con el tema de los medicamentos y las escuchas del señor (Diego) Spagnuolo -en el caso de supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad- no escuché a nadie decir que no sean ciertas, sino que parece ser que los cuestionamientos tienen que ver con que si la Justicia actúa rápido o lento».
«Y que se haga alguna utilización política de estas cuestiones no significa que sean ciertas», agregó el funcionario.
Ante lo expuesto con anterioridad, Miquelarena sumó: «El fiscal tiene que actuar cuando corresponde, no estamos apegados a los cronogramas electorales. Entiendo que de un lado u otro quieran justificar que esto tenga que ver con oportunismo político en términos electorales. A nosotros nos tiene sin cuidado».
Con relación a la posible influencia del ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz, en el caso de Emergencia Climática II, considerando que actuó como fiscal en Emergencia Climática, el procurador manifestó: «Entiendo que no, esta segunda causa viene por un convite de los jueces que fallaron en la anterior, y que a partir de lo que sucedió en el debate dicen: ‘Mire Ministerio Público Fiscal nos parece que se debe investigar tal cosa’, y en función de eso estamos trabajando. Atribuir alguna connotación de oportunismo político no corresponde».
CRITICAS AL PROYECTO DE CIBERDELITO
Respecto a las críticas al proyecto de ciberdelito vertidas por el abogado, Guillermo Zamora, Miquelarena esgrimió que «la Legislatura convocó a todas las partes» para evacuar dudas. «No consideramos que tenga nada de inconstitucional, porque de lo contrario no lo hubiéramos avalado. En nuestro país quien declara la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las leyes no es la defensa ni la Fiscalía, es la judicatura. Si existe algún planteo verá qué se resuelve, pero no lo vemos de ese modo».
